El Requisito de Salvar el Voto para Impugnar Acuerdos de Comunidad de Propietarios

Uno de los presupuestos regulados en el art. 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal para la legitimación a la hora de impugnar un acuerdo comunitario, es la obligación del propietario de haber salvado su voto en la junta. Pero, ¿qué significa esto?

Hasta la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal por la Ley 8/1999, en relación a este aspecto, era suficiente que el asistente a la junta fuera disidente con la adopción al acuerdo, es decir que hubiese votado en contra del mismo.

La citada reforma incluyó en la redacción del art. 18.2 de la LPH la fórmula “salvar el voto”, como presupuesto de legitimación para la impugnación de acuerdos.

Si bien en un principio, y como interpretación más lógica esto fue entendido por la jurisprudencia como equivalente a haber votado en contra del acuerdo que se pretendía impugnar, con el paso del tiempo ha habido distintas interpretaciones:

-       La que equipara salvar el voto, a votar en contra del acuerdo, tal y como se venía interpretando hasta la referida reforma.

-       La que exige salvar el voto en la junta, por interpretar que eso fue lo que se quiso al introducirse en la reforma, imponiendo que además de votar en contra del acuerdo, se exprese de alguna forma deseo de impugnarlo. Esta interpretación exige una cuidadosa redacción del acta, de forma que no impida la impugnación a quien mantuvo esa postura.

-       La que interpreta que dicha expresión de salvar el voto, incumbe solamente a los propietarios que se abstengan, sin ser exigible a quienes han votado en contra.

El Tribunal Supremo, dictó Sentencia de 10 de mayo de 2013, en la que se pronunció a favor de la última de las interpretaciones expuestas, declarándola como doctrina jurisprudencial, argumentando que tiene sentido en los casos en que el propietario asiste a la junta sin información o conocimiento suficiente, y decide no comprometer su voto, absteniéndose y salvando el voto, con el objeto de estar legitimado para su impugnación y sin exigir tal requisito a los que voten en contra del mismo, que gozan en este sentido de legitimación.